Los resultados que arroje el estudio que hace el sector servirán para conocer qué aspectos están bien en el modelo y cuáles se deben modificar.
Los operadores del régimen franco, a través de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas, de la Andi, esperan tener listo dentro de un mes el estudio que realiza esta agremiación sobre cómo debería quedar la legislación colombiana, según los cambios que se plantean en el borrador del decreto que busca modificar este modelo de desarrollo empresarial.
Entre los cambios que se plantean en ese preliminar está la desaparición de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y la de los Usuarios Industriales de Bienes de las Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE) y de las ZFPE agroindustriales.
También incluye que los usuarios industriales deben hacer una inversión cercana a los 64 mil millones de pesos, a los tres años de haberse declarado una zona franca, o generar 300 empleos directos nuevos, y que la creación de nuevas zonas francas quedaría sometida a la aprobación de un cupo anual, por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).
Así entonces, luego de las conversaciones que tuvieron los representantes del sector con el Gobierno Nacional, a comienzos de este año, se llegó a un acuerdo para suspender la expedición de esta medida, por lo que la Cámara viene haciendo indagaciones en países de la región.
De ahí que la evaluación contempla “lo que viene sucediendo en Centroamérica y en el Caribe, donde los países que integran estas regiones han venido ajustando su reglamentación en función de cumplir con los requisitos que les impone la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como lo hizo Colombia en el 2005, con la expedición de la Ley 1004”, indica Juan Pablo Rivera, presidente de la Zona Franca de Bogotá.
¿QUÉ MÁS BUSCA?
La investigación busca también revisar cual sería el impacto que tendría para las zonas francas la reforma propuesta por el ejecutivo para el modelo franco y evaluar el alcance social y económico que ha tenido este instrumento desde el momento de la expedición de la Ley 1004 hasta la fecha.
“Esperamos, dentro de un mes, poder tener información del estudio, que nos permita tomar una decisión y, en conjunto con el Gobierno, adoptar las medidas necesarias para mantener la competitividad de este mecanismo que ha sido vital para el desarrollo de la economía colombiana”, dice Rivera.
Según información suministrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), “por ahora no se tiene certeza de una fecha aproximada para la expedición del nuevo decreto.
Por el momento se está trabajando en adelantar todo el trámite lo más pronto posible, y así contar con una norma que beneficie al instrumento y a los usuarios del mismo”.
LLAMADO AL GOBIERNO NACIONAL
El sector de las zonas francas confía en que, cuando salga el estudio, el Gobierno acoja las recomendaciones que se hagan allí, y con base en eso se puedan conciliar algunos temas pendientes, que son importantes para este renglón, y luego si hacer la promulgación de un Decreto final.
“Con una buena normatividad, el sector podrá seguir creciendo a unas tasas mayores a las que lo ha venido haciendo en los últimos años, tanto en inversiones como en empleo, principalmente”, indica Juan Pablo Rivera, presidente de la Zona Franca de Bogotá.
El MinCIT precisa que a raíz del aplazamiento del trámite de la modificación estructural al régimen franco, las fases para la declaratoria de existencia como zona franca y las entidades que en este trámite participan siguen siendo las mismas.
Es decir, la Comisión Intersectorial de Zonas Francas continúa aprobando el Plan Maestro de Desarrollo General y emitiendo concepto de viabilidad, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) es quien realiza la declaratoria de existencia de zona franca.
Por el momento tampoco desaparece la Comisión Intersectorial de Zonas Francas ni los Usuarios Industriales de Bienes de las Zonas Francas Permanentes Especiales.
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